La región de América Latina y El Caribe tiene el mayor número de casos de violencia de género según la Organización de las Naciones Unidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y El Caribe señala que durante el 2017 un total de 2554 mujeres fueron víctimas de femicidio o también llamado feminicidio. Brasil, El Salvador, Honduras, Guatemala, Argentina, República Dominicana, Bolivia, Venezuela, Perú y Ecuador son los 10 países con mayor prevalencia del fenómeno.
Una cuestión preocupante frente a estos hechos es la forma como son contados a través de los medios de comunicación, debido a que de manera general están contribuyendo a la normalización de la violencia y al consumo de la información relacionada a estos hechos como un espectáculo.
¿Cómo hemos llegado a esto?
Cuando los medios se limitan a contar el número de víctimas, comparar estadísticas, describir las características del hecho y descripción de la violencia aplicada se está coadyuvando a que los femicidios sean considerados como hechos que forman parte de la cotidianidad. De ahí que se apunte a una alfabetización mediática como una medida necesaria, para desarrollar una lectura crítica de los medios respecto a este tipo de información, que al mismo tiempo desnaturalice el femicidio y permita diferenciar la información sobre el tema de un mero recurso de entretenimiento, puesto que forma parte de uno de los problemas sociales más preocupantes de la última década.
En el último Festival de Cine en Español de Málaga, me sorprendió de entre los cortos documentales que vi, uno denominado Voce nao me conhoce donde, en un lentísimo plano secuencia en travelling atrás, una mujer reclama a su violador y le interpela sobre todo lo que ha sufrido. La escalofriante historia, que podría ocurrir en cualquier sitio del mundo, nos lleva, sólo en este caso, al contexto geográfico brasileño y enfoca una problemática que ha sacudido al país latinoamericano por diversas razones, como la de la conocida como “Ley Maria de Penha”. Gracias a ella y después de muchos debates, se han conseguido algunas mejoras para los actores sociales implicados, como la corrección de mecanismos jurídicos de protección a las mujeres, así como el aumento del empoderamiento y condiciones para que la víctima pueda denunciar. 